El revuelo provocado hace quince días en el momento que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, planteó algunas reformas para fortalecer el sistema público de pensiones, llevó ayer a Joaquín Almunia a ser algo más cauto en sus planteamientos, aún coincidiendo en el fondo.

Los dos tuvieron algo en común: antes de comparecer, cambiaron impresiones con el secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado.

Buena parte de las consideraciones expuestas ayer por Joaquín Almunia en el Congreso forman parte de la comunicación que la Comisión Europea hará pública hoy sobre las secuelas del envejecimiento de la población.

España juega con desventaja en este indicador ya que la tasa de dependencia puede pasar del 25% al 53% en el horizonte de 2060, fecha en la que si no se hacen reformas puede haber un jubilado por cada dos trabajadores.

Almunia apostó por alargar la vida laboral mediante incentivos, dentro de un marco flexible que debe insertarse en una estrategia integral que tenga también en cuenta no sólo el aspecto presupuestario sino también el potencial de crecimiento económico.

En este contexto, defendió las políticas de sostenibilidad para evitar que el exceso de endeudamiento que provocará la crisis se convierta en un conflicto estructural.

En su opinión, “todavía es pronto para saber si la recesión va a afectar de forma temporal o estructural al sistema de protección social”, incertidumbre que todavía hace las reformas más urgentes si cabe.

Este planteamiento lo acompañó el comisario de una advertencia: es mejor que las reformas se hagan con el máximo consenso, “pero el consenso no puede ser un activo que impida las reformas”.

El comisario expuso ante la comisión parlamentaria algunas proyecciones que maneja la Comisión Europea y que acentúan todavía más la conveniencia de introducir cambios en el sistema.

El gasto público en pensiones supuso el año pasado el 8,4% del PIB, porcentaje que puede dispararse hasta el 16% en 2060, muy superior al de la media comunitaria. “La conclusión es que España tiene más tiempo para afrontar las reformas, sin embargo si no se actúa será más penoso y más caro”, vaticinó. A su juicio, si las energías políticas y el Gobierno reaccionaran ahora, “lo harían de forma indolora”.

El portavoz del PP, Tomás Burgos, así como el del PNV, Emilio Olabarría, mostraron su intención de aparecer a una reforma pactada y se mostraron partidarios de restringir las prejubilaciones.

Via | Cinco Dias